Los demócratas han ganado el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de 2026. Es una victoria importante y un rechazo claro al rumbo marcado por el presidente Donald Trump y el Partido Republicano.
Associated Press informa de que los demócratas se hicieron con la Cámara de Representantes y el Senado, lo que abre un gobierno dividido para los dos últimos años de la presidencia de Trump.
A 4 de noviembre, las cadenas proyectan el control demócrata de ambas cámaras; varias carreras al Senado siguen ajustadas y los resultados no están certificados.
Pero la historia advierte contra la tentación de confundir una victoria electoral con un poder político duradero. Ganar unas elecciones es un acontecimiento. Construir una coalición capaz de gobernar, de resistir a la oposición política y de mejorar la vida de la gente corriente es un proyecto mucho mayor.
La historia del Partido Demócrata demuestra que su poder fue más duradero cuando se apoyaba en una coalición organizada de trabajadores, sindicatos, políticos progresistas, organizaciones de derechos civiles y comunidades obreras. Cuando esa base institucional se debilitó, las victorias demócratas dejaron de producir reformas duraderas.
La lección de estas elecciones no es, por tanto, que los demócratas puedan derrotar a los republicanos. La pregunta real es si utilizarán esta victoria para reconstruir poder político entre la gente que trabaja.
La coalición tiene que ser recíproca:
Una coalición entre el mundo del trabajo y la política solo se mantiene cuando los cargos electos entregan derechos exigibles y mejoras materiales a los trabajadores, y cuando el sindicalismo conserva la independencia suficiente para pedirles cuentas.
Sin protección política, los trabajadores se enfrentan a obstáculos enormes cuando intentan organizarse. Pero sin organización obrera independiente, los políticos progresistas pierden la base social que hace falta para resistir la presión empresarial y convertir las promesas de campaña en leyes. Los políticos necesitan trabajadores organizados, y los trabajadores organizados necesitan un gobierno que proteja el poder democrático en el centro de trabajo. Ninguna de las dos partes puede construir una reforma duradera por su cuenta.
El declive empezó mucho antes de Reagan
Fuente: tasa de afiliación: CRS Table A1 y serie histórica del BLS, 1930–1981; Hirsch, Macpherson & Even, Unionstats CPS database, 1983–2025. Tipo máximo: Tax Policy Center, «Historical Highest Marginal Income Tax Rates», 1930–2017; 37 % para 2018–2024.
La Figura 1 muestra la tasa de afiliación sindical en Estados Unidos entre 1930 y 2025.
En 1933, apenas un 11 % de los trabajadores no agrícolas estaba sindicado. Durante el New Deal, la afiliación creció de forma espectacular. En 1945, alrededor del 35 % de los trabajadores pertenecía a un sindicato. En 2025, solo el 10 % de los asalariados estadounidenses estaba sindicado. El país tenía unos 14,7 millones de afiliados, pese a que su población ocupada era mucho mayor que en la posguerra.
Las estimaciones actuales proceden del Bureau of Labor Statistics; la serie histórica más larga combina datos del BLS y del Congressional Research Service con la Union Membership and Coverage Database.
Pero conviene mirar dónde se produjo la caída (Figura 1). La densidad sindical bajó 14,5 puntos entre su máximo de 1945 y 1981, el año en que Ronald Reagan despidió a los controladores aéreos en huelga. Ha caído 10,9 puntos en los cuarenta y cuatro años posteriores. Más parte del declive ocurrió antes de Reagan que después de él.
Esa sola comparación descarta la explicación más repetida estos días. Fuera lo que fuera lo que desmontó al sindicalismo estadounidense, no fue un presidente, y no empezó en 1981.
Qué construyó realmente la coalición
Esta transformación no ocurrió porque los políticos entregaran generosamente poder a los trabajadores. Los trabajadores se organizaron, fueron a la huelga y exigieron reconocimiento. Pero fueron las decisiones políticas las que determinaron si esos esfuerzos serían protegidos o aplastados.
La administración de Franklin D. Roosevelt y el Congreso demócrata aprobaron la Ley Wagner en 1935, que estableció la protección federal de los trabajadores que quisieran organizarse y negociar colectivamente. La afiliación se aceleró entonces, y el sindicalismo se convirtió en una de las instituciones centrales de la coalición del New Deal.
Esa coalición produjo mucho más que victorias electorales. Creó la Seguridad Social, la protección laboral, la inversión pública, salarios más altos y un sistema político en el que la gente que trabaja disponía de organizaciones capaces de representarla entre unas elecciones y otras.
Vale la pena ser preciso sobre lo que eso significaba, porque las cifras son mayores que el recuerdo que queda de ellas (Tabla 1).
| 1945 | 1980 | último dato | |
|---|---|---|---|
| Tasa de afiliación sindical | 35,4 % | 22,2 % | 10,0 % (2025) |
| Tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta | 94 % | 70 % | 37 % (2024) |
| Parte de la renta que va al 1 % más rico | 12,5 % | 10,0 % | 22,4 % (2024) |
En el apogeo de la coalición, el tipo legal máximo sobre las rentas más altas era del 94 %, y el 1 % más rico de los estadounidenses se llevaba aproximadamente uno de cada ocho dólares. Hoy el tipo máximo es del 37 % y ese mismo 1 % se lleva más de uno de cada cinco.
Dos cosas cayeron a la vez, y una tercera subió para encontrarlas. Eso no es una historia sindical. Es la descripción de otro reparto político.
La tercera cosa que ganó la coalición es la más difícil de ver y la más fácil de recortar: la inversión pública (Figura 2). La inversión bruta de las administraciones públicas — de todos los niveles: federal, estatal y local — alcanzó su máximo en tiempos de paz con el 7,1 % del PIB en 1961. Hoy es del 3,6 %: casi exactamente la mitad.
Fuente: inversión bruta de las administraciones públicas, todos los niveles, BEA (FRED A782RC1A027NBEA), dividida por el PIB nominal (FRED GDPA). Agregado único; no desglosado por sector.
Puesto en dinero de hoy, esa diferencia es todo el argumento. En 2024, Estados Unidos invirtió 1,05 billones de dólares por esta vía. Si simplemente hubiera mantenido el nivel de 1960 — no el máximo de 1961, sino el nivel corriente de aquella época —, habría invertido 1,95 billones: casi el doble, y alrededor de 900.000 millones de dólares más en un solo año.
Es el gasto que decide si los servicios públicos funcionan y quién puede llegar a ellos: si se construyen escuelas y universidades, si tienen personal e instalaciones para enseñar y si están lo bastante cerca como para ser una opción real; si los ambulatorios, el transporte y las redes de agua se renuevan o solo se parchean. Cuando cae durante cuatro décadas, los servicios no desaparecen. Se vuelven más viejos, más lentos y más desiguales, y el acceso se estrecha hasta quedar reservado a quien puede pagar la alternativa privada.
Esa capacidad no se perdió por una recesión ni por una guerra. Se fue cediendo poco a poco, durante las mismas décadas y por la misma política que bajó el tipo máximo y dejó caer la afiliación sindical.
El Partido Demócrata se volvió duradero porque su vínculo con los trabajadores era institucional, no meramente retórico (Figura 3).
Fuente: U.S. House History, Art & Archives; U.S. Senate, «Party Division»; IRS SOI Historical Table 23; aviso del IRS de ajuste por inflación para el ejercicio fiscal 2026; BLS, Union Members — 2025. Los retratos presidenciales son imágenes de dominio público del Gobierno federal de Estados Unidos o de la Biblioteca del Congreso.
Y qué la desmontó
Las figuras no deben leerse como prueba de que un solo presidente creó o destruyó el sindicalismo. La reestructuración económica, el conflicto racial, el cambio tecnológico, la oposición empresarial, la desindustrialización, la globalización y el realineamiento político regional contribuyeron todos al patrón histórico.
Aun así, el liderazgo presidencial y las políticas públicas importaron.
La administración de Roosevelt protegió la organización sindical en un momento decisivo. Harry Truman vetó la Ley Taft–Hartley en 1947, aunque un Congreso de mayoría republicana anuló su veto. Taft–Hartley restringió la actividad sindical y permitió a los estados aprobar las llamadas leyes de «derecho al trabajo», con lo que ayudó a construir el marco legal en el que el sindicalismo se debilitaría después.
La densidad sindical siguió siendo alta durante las décadas de posguerra, pero su descenso había empezado antes de que Ronald Reagan llegara al cargo.
El despido por Reagan de los controladores aéreos en huelga, en 1981, no fue por tanto el comienzo del declive. Fue un punto de inflexión político importante. Demostró que incluso el Gobierno federal estaba dispuesto a enfrentarse con dureza a los trabajadores organizados, y alimentó una cultura más amplia de resistencia empresarial.
Las administraciones demócratas posteriores no revirtieron del todo esa dirección. La administración de Clinton abrazó la globalización y una política económica orientada al mercado, mientras mantenía una relación incómoda con los sindicatos. Barack Obama llegó al cargo con amplias mayorías en el Congreso, pero no se aprobó una reforma integral de la legislación laboral. La administración de Joe Biden impulsó políticas más favorables a los trabajadores y nombró una Junta Nacional de Relaciones Laborales más próxima a ellos, pero la densidad sindical siguió sin recuperarse estructuralmente.
Cuatro décadas, los dos partidos, y la línea siguió cayendo.
Este artículo se sostiene sobre sus propias pruebas. Quien quiera el argumento completo — cómo el mismo giro aparece en los tipos impositivos, en la concentración de la renta y en los pagos a los accionistas a lo largo de un siglo entero — lo encontrará en el Episodio 1 de la serie El drenaje de la riqueza.
Un partido no puede representar a los trabajadores solo en campaña
Los políticos demócratas recurren con frecuencia a los sindicatos durante las campañas. Les piden apoyos, aportaciones, voluntarios y votos. Pero una coalición política de verdad no puede funcionar en una sola dirección.
Si se espera que el mundo del trabajo ayude a elegir a políticos demócratas, esos políticos deben usar el poder público para ayudar a los trabajadores a organizarse, a negociar y a obtener una parte justa de la riqueza que producen.
Eso es más que acudir a un piquete o declararse prosindical. Exige compromisos concretos. Son propuestas, no hallazgos — argumentos sobre lo que funcionaría, no mediciones de lo que ocurrió —, y cada uno apunta a un mecanismo visible en las figuras anteriores:
- Proteger a los trabajadores que intentan organizarse.
- Imponer sanciones reales a las empresas que incumplen la legislación laboral.
- Impedir que las empresas retrasen indefinidamente el primer convenio.
- Defender el derecho de huelga.
- Extender la negociación colectiva a sectores donde organizarse centro por centro es extraordinariamente difícil (Figura 1).
- Vincular la inversión pública y la contratación pública a salarios dignos, formación y derechos de organización (Figura 3).
- Proteger a los trabajadores frente a la falsa clasificación laboral, el robo de salarios y las represalias.
- Asegurar que las políticas comercial e industrial fortalezcan a las comunidades en lugar de tratar a los trabajadores como un coste prescindible.
La elección que el partido no puede eludir
Estos compromisos no son políticamente neutros. Transfieren poder de negociación de los empleadores a los trabajadores, y eso significa que serán combatidos por algunos de los intereses que financian las campañas.
No todos los donantes demócratas son hostiles al sindicalismo. Pero cuando los beneficios de un donante dependen de salarios bajos, de evitar sindicatos, de la subcontratación, de una inspección débil o de la libertad de despedir a quien organiza, el conflicto es real. El partido no puede prometer que fortalecerá a los trabajadores y a la vez permitir que esos intereses veten las políticas que los harían más fuertes.
Llegados a ese punto, los demócratas tienen que elegir.
Elegir a los trabajadores no significa rechazar toda aportación de una persona rica o de una empresa. Significa que una aportación no compra ningún veto sobre los derechos de los trabajadores. Significa aceptar que algunos donantes se marcharán cuando el partido defienda derechos de organización exigibles, sanciones reales, primeros convenios en plazo, negociación sectorial y estándares laborales ligados al dinero público.
La prueba práctica no es si los políticos demócratas se describen como prosindicales. Es si gastarán capital político — y arriesgarán apoyo financiero — cuando el poder de los trabajadores choque con el beneficio de los donantes.
Si se espera que el mundo del trabajo aporte votos, voluntarios, dinero y organización, los políticos deben entregar algo más que acceso y buenas palabras. Deben ayudar a crear las condiciones legales que permitan a los trabajadores construir poder propio.
De lo contrario, esto no es una coalición. Es una transacción en la que siempre se pide a los trabajadores que paguen primero.
El nuevo Congreso demócrata se topará de inmediato con un límite: el presidente Trump sigue en el cargo y puede bloquear la legislación. Pero eso no vacía de sentido la victoria.
El Congreso puede investigar los ataques a los derechos de los trabajadores, sacar a la luz la corrupción, frenar nuevas medidas antisindicales, defender las instituciones federales, proponer un programa obrero claro y obligar a cada político a retratarse públicamente. Los gobernadores y las legislaturas estatales demócratas también pueden actuar donde la legislación federal esté bloqueada.
Y, sobre todo, los demócratas pueden demostrar qué piensan hacer si los votantes les dan todo el poder de gobierno en 2028.
Qué es esta victoria y cómo se convierte en poder
Casi nada de lo anterior puede convertirse en ley federal antes de 2029, de modo que, medidos en leyes aprobadas, estos dos años parecerán pobres. Esa es la medida equivocada, y adoptarla es exactamente como se desperdiciaron las últimas victorias. El valor de este resultado no está en lo que aprueba, sino en lo que construye.
Hay dos conversiones disponibles desde el primer día. Obligar a retratarse. Las leyes que acabarán vetadas siguen obligando a cada político a decir, por escrito y para el acta, si los trabajadores deben poder organizarse. Ese registro es el material con el que se construye un mandato en 2028. Usar los estados. Donde los demócratas tienen gobernaciones y legislaturas, parte de esto no necesita a Washington. La vía más clara son los estándares sectoriales, y varios estados ya fijan salarios y condiciones sector por sector. La legislación laboral federal desplaza buena parte de la regulación estatal sobre la organización en el sector privado, así que el límite hay que trazarlo con cuidado; pero los empleados públicos, los contratistas estatales y la fijación de estándares sectoriales quedan en gran medida fuera de ese límite, y ahí es donde trabaja la mayoría de quienes pueden ser alcanzados sin el Congreso.
La tercera conversión es la que decide todo lo demás. La coalición que mantuvo ambas cámaras en manos demócratas 44 de los 48 años que van de 1933 a 1980 no se sostenía con leyes, sino con afiliación. Millones de personas pertenecían a organizaciones que las representaban entre unas elecciones y otras, y por eso el acuerdo sobrevivió a perder algunas de ellas. Un partido que dedique estos dos años a ayudar a los trabajadores a organizarse — y no solo a pedirles el voto — aún tendrá algo en 2032. Un partido que los dedique a recaudar fondos volverá a estar aquí, celebrando otra victoria pasajera.
Lo que significa que la prueba honesta de este triunfo llega mucho antes que el siguiente. En 2028, la pregunta no será si los demócratas conservaron estos escaños. Será si la afiliación sindical está por encima del diez por ciento que heredaron.
El sindicalismo debe conservar poder propio
La responsabilidad no es solo de los políticos. El sindicalismo también debe evitar convertirse en un simple brazo electoral del Partido Demócrata.
La primera responsabilidad de un sindicato es con sus afiliados y con la gente que trabaja. Debe poder apoyar a los políticos que cumplen, presionar a los que dudan y oponerse a los que abandonan a los trabajadores, sea cual sea su partido.
La elección después de la victoria
La victoria demócrata de 2026 crea una oportunidad, pero no garantiza un realineamiento político. Hay dos caminos a partir de una noche como esta, y solo uno ha funcionado alguna vez.
Los demócratas pueden tratar el resultado como otro vaivén pasajero del ciclo electoral. Pueden concentrarse en investigaciones, recaudación, estrategia de campaña y el próximo candidato presidencial, y dejar intacta la organización económica de la gente que trabaja.
O pueden reconocer la lección histórica más profunda.
Ya sabemos qué produce el primer camino, porque es lo que produjeron los últimos cuarenta años: mayorías estrechas que llegan y se van, y una línea política que nunca gira. La indignación sin organización es clima, no fuerza; y una noche electoral, también.
El segundo camino es el que de verdad ganó, y para las dos partes. Mientras la coalición se mantuvo, los trabajadores consiguieron la Seguridad Social, la negociación colectiva, la semana de cuarenta horas y un régimen fiscal que pagaba lo que el país construía. El partido consiguió 44 de 48 años con las dos cámaras del Congreso (Figura 3). Ninguna de las dos cosas fue caridad de la otra. El mundo del trabajo aportó poder organizado, los políticos cumplieron con los trabajadores, y cada parte hizo más fuerte a la otra. Desde que la coalición se rompió, ninguna de las dos ha tenido gran cosa: la densidad sindical es menos de un tercio de lo que fue, y ninguna mayoría ha durado lo suficiente para girar la línea de ninguna de estas tres figuras.
Esa elección tiene un coste financiero. Algunos donantes se irán cuando el poder de los trabajadores amenace sus negocios. Pero un partido que no está dispuesto a arriesgar el dinero de sus donantes para construir poder obrero no está reconstruyendo una coalición. Está alquilando trabajadores en campaña.
Esa es la prueba. No lo que digan sobre los trabajadores. Si están dispuestos a reconstruir aquello que les hizo ganar.
El Partido Demócrata fue más fuerte cuando millones de trabajadores pertenecían a instituciones que los organizaban, los formaban, los representaban y conectaban las demandas económicas con la acción política. A medida que esas instituciones se debilitaron, la relación del partido con la gente que trabaja pasó a depender cada vez más de la publicidad, de la personalidad y de la oposición pasajera a los gobiernos republicanos.
Esa no es una base duradera para el poder democrático.
El objetivo no debería ser reproducir cada rasgo de la vieja coalición del New Deal. Aquella coalición contenía exclusiones y contradicciones graves, sobre todo en materia de raza, género, inmigración y los trabajadores que quedaron fuera de la protección laboral. Una coalición nueva tiene que ser más amplia, más democrática y adecuada a una economía dominada por los servicios, la logística, la tecnología, los cuidados, las franquicias, los autónomos y las plataformas digitales.
Pero su principio rector sigue siendo válido: la democracia política se fortalece cuando la gente corriente dispone de poder económico organizado.
La victoria en estas elecciones merece celebrarse. Pero a la celebración tienen que seguirle organización, legislación y rendición de cuentas.
Si los demócratas quieren que esta victoria sea algo más que una reacción pasajera contra Donald Trump, tienen que ayudar a reconstruir las instituciones que dan a la gente que trabaja una voz permanente. Y si el sindicalismo quiere influencia política, tiene que exigir algo más que discursos amables.
El futuro de ambos depende de reconstruir una coalición en la que el mundo del trabajo aporte poder organizado y los políticos cumplan con los trabajadores.
Datos y fuentes
- Tasa de afiliación sindical. CRS Table A1 y serie histórica del BLS, 1930–1981; Hirsch, Macpherson & Even, Unionstats CPS database, 1983–2025. No hay observación para 1982. La serie cambia de base en 1982: empleo no agrícola antes, asalariados de la CPS después. El dato de 2025 es una media CPS de once meses.
- Tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta. Tax Policy Center, «Historical Highest Marginal Income Tax Rates», 1930–2017; 37 % para 2018–2024.
- Parte de la renta del 1 % más rico. Parte de la renta familiar antes de impuestos, incluidas las plusvalías realizadas.
- Inversión pública. Inversión bruta de las administraciones públicas, todos los niveles (serie BEA A782RC1A027NBEA), dividida por el PIB nominal (BEA GDPA). 1960: 36.000 millones de dólares sobre 542.400 millones = 6,64 %. 2024: 1,046 billones sobre 29,381 billones = 3,56 %. La cifra de 900.000 millones es la diferencia de 3,08 puntos aplicada al PIB de 2024. Esta serie es un agregado único y no está desglosada por sector.
- Resultado electoral. Proyecciones de las cadenas a 4 de noviembre de 2026; los resultados no están certificados.
Temas: afiliación sindical · sindicatos · demócratas · elecciones de mitad de mandato · política fiscal · inversión pública